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El activista Mariano Beltrán condena la actitud del Gobierno de España en el caso Maleno

El activista Mariano Beltrán "exhorta a las autoridades españolas a cumplir con los Tratados y los principios oportunos, en especial el principio de Non Refoulement, así como hagan extensible también la filosofía que sustenta los Derechos Humanos a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

 

 

La activista española Helena Maleno declara hoy, 31 de enero de 2018, ante el juez de Tribunal de Apelación de Tánger, debido a un expediente enviado por la policía española donde se le acusa de asociación de malhechores y de favorecer la inmigración irregular.

 

Maleno, que reside en Tánger desde hace 16 años, realiza un encomiable trabajo en el campo de los Derechos Humanos, ayudando a los seres humanos que se juegan la vida en el mar por conquistar una vida mejor; colaborando con la Guardia Civil para impedir que los mares y océanos se sigan convirtiendo en grandes cementerios.

La justicia marroquí no tiene ningún problema con Maleno; así como tampoco la Audiencia Nacional de España que archivó su caso. El juez marroquí tiene la obligación de juzgar a Maleno debido al expediente enviado por la Policía Española, que la acusa de delitos de dudosa existencia. Berlusconi, en Italia, ya creó el llamado “delito de solidaridad” para impedir, precisamente, que asociaciones y activistas rescataran a seres humanos moribundos en pleno Mar Mediterráneo.

 

La Policía Española y el Gobierno de España, por acción u omisión, parecen insistir en la implementación práctica del inexistente “delito de solidaridad”. El mensaje que se traslada a activistas y ONGs es claro: cualquiera que interceda en el rescate a inmigrantes en situación irregular es susceptible de ser acusado penalmente. Parece que, para las autoridades españolas, los Tratados Internacionales, son papel mojado.

 

Recuerdo a las autoridades españolas que están OBLIGADAS a cumplir el principio de Non Refoulement, principio que emana de la Convención de los Refugiados, y que establece que ningún Estado puede expulsar, regresar o impedir el ingreso a una persona, en contra de su voluntad, si es que teme por su vida, su integridad personal o libertad. Asimismo, la Convención de Kampala sobre las Personas Desplazadas Internamente (PDIs), no impone restricción a este respecto si no se cruza ninguna frontera estatal internacionalmente reconocida, como ocurre en algunos de los casos que, desgraciadamente, ocurren en el Mediterráneo.

 

Por todo esto, y conforme a los Tratados Internacionales, en especial la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Convención de los Refugiados:

 

CONDENO la actitud de las autoridades españolas en el caso Maleno.

 

EXIJO a las autoridades españolas que intervengan para que se detenga de forma inmediata la vulneración de Derechos que sufre la activista española Helena Maleno.

 

 EXHORTO a las autoridades españolas a cumplir con los Tratados y los principios oportunos, en especial el principio de Non Refoulement, así como hagan extensible también la filosofía que sustenta los Derechos Humanos a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Mariano Beltrán

Activista y Observador de Derechos Humanos

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